Las funciones exclusivas de las juntas regionales son: decidir en primera instancia de las controversias sobre las calificaciones y actuar como peritos cuando sea solicitado. Los integrantes de la junta, en cada una de las salas, deben reunirse en conjunto

La integración de las juntas regionales se clasificarán en tipo A y B, y su conformación será de tres integrantes: dos médicos, con especialización en medicina laboral, y un sicólogo o terapeuta físico u ocupacional, todos con una experiencia profesional mínima de cinco años. La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander está integrada por el doctor Sergio Eduardo Ayala Moreno, médico integrante principal; la doctora Miryam Barboza Zarate, médico integrante principal; la doctora Jeannette Durán Salazar, psicóloga integrante principal, y como miembro la doctora Elva Santamaría Sánchez, directora Administrativa y Financiera. La conformación de la Junta Nacional se da con cinco integrantes, así: tres médicos, con títulos en salud ocupacional, medicina del trabajo y/o fisiatría; un psicólogo y un terapeuta físico u ocupacional; todos, con una experiencia mínima de cinco años.

El artículo 28 del Decreto 1352 define la competencia de las Juntas Regionales de Calificación de invalidez. Este trámite inicia una vez cualquiera de las entidades del Sistema de Seguridad Social (EPS, AFP y ARL) se pronuncian en primera oportunidad, y se manifieste la inconformidad por los interesados. La junta resuelve la controversia suscitada entre el usuario y la entidad del sistema, así como los presentados por las entidades entre sí, para la definición del origen del accidente laboral o enfermedad laboral, al igual que la pérdida de capacidad laboral.

El expediente debe ser enviado por la entidad calificadora en primera oportunidad y se procede a la radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos, establecidos según el artículo 30 de la norma arriba mencionada. Luego del reparto a los médicos, se realiza la citación al paciente dentro de los términos establecidos. Así mismo, el médico ponente deberá cumplir con las funciones de presentar el proyecto de ponencia para que se radique y se lleve a audiencia para emitir el dictamen que resuelve, en primera instancia, la controversia, ya sea por el origen, la pérdida de la capacidad laboral o fecha de estructuración.

La calificación se realiza con base en el manual único para la calificación de la invalidez, expedido por el Gobierno (Decreto 1507 del 2014), el cual contiene los criterios técnico-científico de evaluación y calificación de pérdida de capacidad laboral y porcentual por sistemas.

Se puede presentar el recurso de reposición y en subsidio apelación, que podrá ser instaurado dentro de los 10 días siguientes a la notificación del dictamen. Si se interpuso el recurso de apelación, el Director Administrativo y Financiero remitirá el expediente a la junta nacional, quien conocerá y decidirá sobre la inconformidad.

• Si contra el dictamen no se han interpuesto el recurso de reposición y/o apelación dentro del término de 10 días siguientes a su notificación.
• Se hayan resuelto los recursos interpuestos y se hayan notificado o comunicado en los términos establecidos en el presente decreto.
• Una vez resuelta la solicitud de aclaración o complementación del dictamen proferido por la Junta Nacional y se haya comunicado a todos los interesados.

Sí. Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme serán dirimidas por la justicia laboral ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente.